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Pequeños lujos de los jefes de partidos

 

México, DF.- Francia, España y Estados Unidos son los destinos frecuentes de Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN. Jorge Emilio González, El niño verde, porta un reloj francés de colección, el codiciado Audemars Piguet, que en su versión más económica cuesta 145 mil pesos. Jesús Zambrano, líder del PRD, utiliza una Mont Blanc, para lo que se ofrezca.

Luis Walton Aburto, de Convergencia, se mueve en un Mercedez Benz blindado por Acapulco. Humberto Moreira, del PRI, solía bautizar obras públicas como gobernador de Coahuila con los nombres de sus familiares. Alberto Anaya, del PT, confiesa que pese a su austeridad republicana tiene debilidad por los cortes de carne.

Y Jorge Kahwagi, dirigente nacional del Partido Nueva Alianza (Panal) hasta hace algunos días, vive en una casa que mide 5 mil 500 metros cuadrados, en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México.

Ellos son los seis presidentes de los partidos nacionales con registro (y sumamos a Jorge Kahwagi, ex dirigente del Panal, porque representa el estilo de vida de ciertos líderes políticos). Todos ellos afirman que su nivel de vida es gracias a su salario o al dinero que ganan o ganaron durante su paso por empresas privadas.

Los salarios de estos dirigentes oscila entre los 32 y los 75 mil pesos mensuales.

En 2011, el IFE otorgó a los partidos políticos 3 mil 212 millones de pesos como financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y específicas, lo que alcanzaría para costear seis meses de operación del programa Oportunidades.

 

Nunca desprecia un bife de chorizo

El presidente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez (Aguascalientes, 15 de noviembre de 1946) va y viene de Monterrey, Nuevo León, al Distrito Federal, para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, principalmente, y encabezar cada miércoles, entre las 10 de la noche y las cuatro de la mañana, la reunión de la Comisión Política de su partido. Gana 32 mil pesos.

suele atender asuntos políticos en Los Bisquets de Obregón, un restaurante económico que se ubica en la colonia Roma de la ciudad de México, a unas cuantas cuadras de la sede nacional del partido.

Su tentación, dice, son los buenos cortes de carne.

No tiene casa en la ciudad de México. Cuando viene se hospeda en hoteles de la Roma o en uno que está ubicado en la calle General Prim, en el centro de la ciudad. “Me cuesta 400 pesos la noche, porque ya me conocen”, cuenta.

Prefiere viajar por carretera que en avión, pues “las alturas” le dan miedo.

Anaya suele cuidar su alimentación. “La fruta debe comerse sola, y no combinarse con proteína”, afirma.

Disfruta caminar y leer sobre historia de México.

Usa un reloj convencional Timex, que cuesta unos 500 pesos. Usa lentes únicamente para leer. Están un poco chuecos y sin marca visible. Calza unos zapatos negros que están agrietados por el número de veces que han sido boleados.

Afirma que recientemente descubrió unos tacos que están “muy buenos”, en la esquina de Argentina y Brasil, “muy cerca de la SEP”.

En 2006 propuso a López Obrador que la mejor manera de presionar para una revisión de los votos era realizar un plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.

Anaya dice que él recomendó a López Obrador hacer el plantón en el Instituto Federal Electoral (IFE), desde la noche del 2 de julio, para “defender nuestro triunfo”.

“Nuestra opinión era que el contingente debía irse al IFE, desde el mismo domingo. Para mí era claro que había un operativo para robarse la elección, y que la respuesta ciudadana debía haber sido la exigencia de la transparencia. Los campamentos llegaron dos meses después a Reforma, la respuesta debió ser inmediata, pero otros le dijeron que no, porque no se debía cuestionar a la autoridad que calificaría la elección”, cuenta el líder petista.

 

Prefiere los Dockers caqui con guayabera

 

Humberto Moreira Valdés (Saltillo, Coahuila, 28 de julio de 1966), presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, no prueba alimento sin antes escuchar el “tssss” que se produce mientras destapa su Coca Cola.

En Coahuila, su comida preferida son las gorditas y con frecuencia va a las tortas más famosas del estado, que se ubican en el Centro Histórico. Uno de sus mayores placeres es comer mazapán.

Usa buenos trajes, pero prefiere los pantalones Dockers color caqui, las guayaberas y las camisas blancas.

El ahora dirigente nacional del PRI bautiza las obras públicas con el nombre de sus personas más queridas. Por ejemplo, un jardín de niños público en Saltillo se llama Evangelina Valdés Dávila, como su mamá; y en el municipio de Progreso, un centro de atención a adultos mayores recibe el nombre de Vanessa Guerrero, quien es su segunda esposa.

En 1995, Vanessa fue Miss Belleza México en Coahuila, mucho antes de convertirse en la presidenta del DIF estatal.

La frase que Humberto Moreira acuñó en su boda, la cual se llevó a cabo en diciembre de 2007, y que robó la risa de los invitados, revela el sentido del humor que lo caracteriza:

“Vanessa, te entrego estas arras que son el símbolo de que siempre estaré trabajando para entregarte el producto de mi esfuerzo, de que sé que lo vas a cuidar, de entregarte mi salario cada quincena, de no esconderte el bono y darte el aguinaldo también”, le dijo.

“El profe”, como le llaman algunos, no tiene problema en platicar con el bolero de la sede nacional del PRI, ni en comer en una fonda y horas después reunirse con otros políticos en Torre de Castilla, un restaurante de comida española ubicado en Polanco, donde una comida completa, sin vino, cuesta entre 400 y 500 pesos.

El dirigente del PRI es afable en el trato, escucha… y cuando no sabe qué responder se escuda en alguna broma.

Cuando fue gobernador, fue criticado por designar a su hermano mayor, Rubén —hoy gobernador electo de Coahuila— como subsecretario de Gobierno; y ante las críticas, éste fue designado dirigente estatal del PRI. Otro de sus hermanos, Carlos, fue elegido secretario general de la sección 38 del SNTE en diciembre de 2007.

Moreira es un hombre alegre y un gran bailarín, principalmente de cumbias.

 

 Vivir en 5 mil metros cuadrados

Jorge Kahwagi Macari (Ciudad de México, 28 de mayo de 1968), hasta hace unos días presidente nacional del Partido Nueva Alianza (Panal), es seductor de actrices, empresario, boxeador, estrella de televisión… y legislador. Estudió con los Legionarios de Cristo. Abogado por la UNAM, Administrador por la Ibero.

Es uno de los jóvenes políticos “consentidos” de la maestra Elba Esther Gordillo, y suele exhibir su poder económico.

En la 59 Legislatura, aún como diputado federal del PVEM —antes de pelearse con “El niño verde”—, llegaba a San Lázaro a bordo de una camioneta marca Hummer, igual a las que Gordillo rifó en su momento a miembros del SNTE.

Es vigilado por un convoy de seguridad que simula una cabina como de las llamadas “Julias” de la policía. Según el sitio oficial del partido, ganaba 65 mil pesos mensuales.

Desde hace cinco años vive en una residencia que mide casi 5 mil 500 metros cuadrados, en Bosques de las Lomas.

En la casa de Kahwagi resalta un santuario de la Virgen María y san Judas Tadeo, bajo un candelabro gigante en el área de la alberca techada. En su patio colecciona “caballos miniatura”. La fotogalería de su casa es pública en el sitio web de la revista Quién.

Kahwagi Macari dedica su tiempo libre al buceo, la equitación, el golf, y el arte marcial llamado wushu. Compartió cartel con el boxeador Jorge “El Travieso” Arce en el Centro de Exposiciones Banamex, en 2004.

Tiene un yate que cuesta unos 10 millones de dólares. La nave tiene cuatro recámaras, cuatro baños, sala... La embarcación, de 30 metros de largo, tiene un bar tipo lounge, donde suele hacer fiestas con sus cuates.

Quienes han abordado el Azimuth 98, bautizado como “Il Diabolo”, dicen que dispone de todos los servicios de un hotel y que los camarotes son de ultra lujo. En ocasiones el controvertido político lo renta, pero sólo a quienes les tiene confianza.

 

Sus amigos tienen entrada libre al yate

 

En Acapulco, Luis Walton Aburto (Guerrero, 1949) es vecino de celebridades como Jaime Camil. Convivió con los barones Di Portanova —aristócratas italianos recordados por su espíritu filántropo en México— y compartió fiestas con Plácido Domingo. Sus amigos tienen entrada libre a su yate.

En su infancia vendió pescado en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero.

El presidente nacional de Convergencia presume que es producto de la educación pública. “Nunca pisé una escuela privada”, expresa orgulloso. Hoy vive en Las Brisas, uno de los fraccionamientos más exclusivos del puerto.

Entre otras propiedades tiene un departamento en la calle Rubén Darío, en la colonia Polanco, el cual utiliza dos veces por semana, cuando viene a la Ciudad de México.

Reconoce sin rubor alguno que tiene dinero. Es propietario de gasolineras e inversionista en escuelas privadas. Walton afirma que su fortuna inició cuando le ganó a los ejidatarios de Santa Úrsula el litigio por el Estadio Azteca.

“Yo fui abogado personal de Miguel Alemán y de Emilio Azcárraga Milmo”, afirma.

Reconoce que en Acapulco se traslada en un Mercedes Benz blindado y que es vigilado por personal “armado”.

“Gano 60 mil pesos en Convergencia. Y no le digo cuánto me cuesta el partido, porque yo le pongo más de lo que me da. En la campaña para ser Presidente Municipal de Acapulco le metí dinero”, cuenta.

¿Cuánto gana mensualmente por sus negocios, tres veces más que en el partido?

¡Nombre! Treint… para qué le digo, mucho más. Le voy a poner el ejemplo de un negocio nada más. Por una renta de un local en Acapulco recibo un millón de pesos mensual, lo rento desde hace 13 o 14 años. Así que nomás súmele.

Y reta a sus adversarios que le comprueben alguna “transa”: “Pueden hacer las auditorías que quieran”.

Su sueño es convertirse algún día en alcalde del puerto.

El pasado 1 de junio, con gritos de “Walton para presidente, Walton para presidente”, un grupo de mujeres festejaba el cumpleaños del senador, quien es apuntalado como candidato de la coalición de partidos de izquierda para la alcaldía de Acapulco en 2012. En esa misma reunión recibió la felicitación telefónica de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus principales aliados.

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Justicia Civil para los Militares Mexicanos

 

Mexico, D.F.- Los militares que cometan violaciones a derechos humanos en México deben ser juzgados en tribunales civiles, y no en cortes militares como ocurre hasta ahora, según estableció en un fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Organizaciones civiles consideran esta decisión como fundamental para el país, donde la guerra contra y entre carteles de narcotráfico provoca la ola de violencia más fuerte desde 1930.

El ejército mexicano, en la mira por abusos

Los militares son el eje de la estrategia del gobierno mexicano en esta batalla, que ha causado la muerte a más de 35.000 personas en casi cinco años según cifras oficiales.

Desde 2006 la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 5.000 quejas por abusos cometidos por las fuerzas armadas, pero sólo 79 derivaron en recomendación de sanciones. Todas fueron admitidas por el Ejército y la Marina.

Con la decisión de la SCJN, en el futuro todos estos casos serán atendidos en tribunales civiles.

Así, habrá más transparencia en la actuación de soldados y marinos, le dice a BBC Mundo Jaqueline Sáenz, coordinadora de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

"Se abren puertas y ventanas de oportunidad. La situación de hace dos años ha cambiado, celebramos que la Corte haya decidido pronunciarse por lo que le era inherente", explica.

Constitución y Derechos Humanos

"Se abren puertas y ventanas de oportunidad. La situación de hace dos años ha cambiado, celebramos que la Corte haya decidido pronunciarse por lo que le era inherente".

El proceso para restringir el fuero militar inició desde 2010, cuando la SCJN empezó a analizar cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el estado mexicano.

Los casos se refieren a la desaparición del músico Rosendo Radilla, la violación y tortura de

Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la tortura y detención arbitraria de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de Guerrero que defendían sus bosques contra bandas de taladores.

La CNDH sentenció a México a restringir las leyes que obligan a los miembros de fuerzas armadas a ser juzgados en sus propios tribunales, lo que se conoce como fuero militar.

Los ministros de la Corte discutieron durante varios meses el tema, sin llegar a conclusión alguna.

El problema fue que, desde hace décadas, México ha firmado acuerdos y protocolos internacionales en protección de derechos humanos, e incluso aceptó diplomáticamente las decisiones de organismos y cortes que les amparan.

Pero no lo tradujo a sus leyes internas, que mantenían la prohibición de aceptar decisiones ajenas a tribunales mexicanos.

La situación cambió en junio pasado cuando se promulgó una reforma a la Constitución para establecer, en su primer artículo, la obligación del estado mexicano a promover y proteger los derechos humanos.

La enmienda también dice que México cumplirá con los acuerdos y sentencias emitidas por tribunales internacionales, con los que el país haya firmado acuerdos.

Con este nuevo escenario los ministros de la SCJN aceptaron las sentencias de la CoIDH, y ordenaron a todos los jueces mexicanos a aceptar los casos de abusos de derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas.

La decisión obliga también a las cortes militares a entregar estos casos a la Procuraduría (fiscalía) General de la República, o la instancia civil que le corresponda, explica la abogada del Centro Pro.

"Buena noticia"Especialistas y organismos pro derechos humanos dicen que la decisión de la SCJN podría ser un paso para erradicar abusos de militares en la lucha contra el narcotráfico.

Jaqueline Sáenz recuerda algunos casos en que soldados dispararon sin motivo contra civiles, y después trataron de inculpar a las víctimas con el argumento de que murieron en enfrentamientos contra delincuentes.

"Debería ser un apoyo para la estrategia del gobierno, con miras de que sea mucho más

clara y pertinente la presencia del ejército. Si ya estamos en éstas, que cuando menos sean juzgados en cortes civiles"

Un caso emblemático es el de dos estudiantes universitarios de Monterrey, Nuevo León, al noreste del país, quienes murieron afuera de su escuela durante un intercambio de disparos entre militares y presuntos integrantes de un cartel de delincuencia organizada.

Los soldados escondieron las identificaciones de las víctimas y les colocaron fusiles de asalto al lado para aparentar que eran sicarios, según documentó la CNDH.

Algo que tal vez empiece a corregirse tras la sentencia de la Suprema Corte.

"Es una muy buena noticia, no pensé que iba a llegar a tanto", asegura José Luis Caballero, profesor de la Universidad Iberoamericana.

"Debería ser un apoyo para la estrategia del gobierno, con miras de que sea mucho más clara y pertinente la presencia del ejército. Si ya estamos en éstas, que cuando menos sean juzgados en cortes civiles", concluye.

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